PROLEGOMENOS PARA UNA JUSTIFICACION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

                                                                      PARTE I

En el panorama de la Municipalidad, como Institución más próxima a la ciudadanía, por desgracia, son pocos en nuestra España, los que han entendido la necesidad que tenemos de que, transcurridos ya más de veinticinco años de andadura democrática, sea aprobada, definitivamente, la asignatura pendiente de nuestra joven democracia, consistente en la reforma de las Administraciones Locales, cambiando su Ley de Régimen Local y Reglamentos, para que se pueda hacer realidad la Democracia Participativa, con sus  Foros de la Participación y todo aquello que conlleva la famosa Agenda 21 Local.

Hoy por hoy, podemos afirmar, sin equivocarnos ni un ápice que, al tercer estamento en que deben asentarse los poderes del Estado, en España, la Democracia aún no ha llegado. Y para decir esto, me baso en que, si el poder centralista de Madrid fue capaz de desgajarse en diecineve Autonomías, a las que fueron transferidas toda clase de competencias y recursos, la democrática intención de acercar la Administración a los ciudadanos, ahí se quedó ya que, según parece, al sistema de partidos y su férrea partitocracia, una vez encontrada la fórmula para meter en la política a todos cuantos estaban deseando colocarse o colarse en ella, no pareció interesarles ya el seguir profundizando más en el desarrollo de todos y cada uno de los principios de la Carta Magna y de su correcta y exhaustiva aplicación, en aras a que la Democracia no fuera la Representativa, que conocemos, sólo por aquello de que, cada cuatro años, nos convocan a las urnas sino para que, esa otra Democracia, llamada Participativa, encontrara, también, el cauce ancho y constitucional adecuado, en parangón con los demás estamentos del Estado si, ¡de verdad!, los ciudadanos queremos que, una reforma (pendiente) de las Administraciones Locales y de la Ley que las regula, produzca los efectos de eficacia deseados en las mismas y, todo ello para que, el esperanzador proceso iniciado con la muerte de Franco, acabe enterrando, definitivamente, todo dictatorial vestigio y devuelva, efectivamente, al movimiento asociativo ciudadano, el control del gasto público, a través de una real participación, (por este procedimiento), en la gestión de la cosa pública a la luz del día y en beneficio exclusivo  de la ciudadanía.

Todo esto en virtud de que estamos en condiciones de poder afirmar, rotundamente, de que la Democracia Representativa de los Partidos, sin la PARTICIPATIVA de los ciudadanos y sus Asociaciones, no es tal ya que si, la Dictadura franquista creó unas férreas estructuras que beneficiaron, exclusivamente, a los adeptos al Régimen, la llamada Democracia española, ha sido capaz de crear la más formidable de las partitocracias con estructuras , aún, más cerradas y férreas, si cabe, que las franquistas ya que, desde un principio, acogió en sus filas a lo más granado del caciquismo antañón  dando, en su escasa andadura, origen a los mayores escándalos y corrupciones, por los rápidos enriquecimientos y cohechos de todos conocidos; indicando la falta de consolidación de un sistema que, se pretende, sea democrático y todo ello porque la realidad es que, los partidos políticos españoles parecen, más que organizaciones de este tipo, auténticas sociedades anónimas, regidas en sus altas esferas, por señores que, en muchos casos, han demostrado, ¡de sobra!, lo poco democrático de sus talantes y conductas ya que han hecho primar unos intereses que, ¡desde luego!, no son los de la mayoría de los españoles y haciendo que,
todavía, aparezca, más pujante que nunca, la españolísima figura del cacique.

Está bastante claro que, la voluntad popular y su capacidad de decisión, sigue secuestrada porque las elecciones, cada cuatro años, con los americanos y mediáticos métodos aplicados, resultan una pantomima cruel y la realidad es que, esa formidable partitocracia, con la crisis de las ideologías, (aunque sigan recurriendo hipócritamente a ella) está de espaldas a la ciudadanía, actuando en un guión, carente de argumento e incapaz de enganchar a nadie. Por tanto, los ciudadanos hemos de volver los ojos a lo que ocurre en una Institución tan genuina como los Ayuntamientos, (la más cercana a los administrados), detentadora natural, que debería ser, de muchas de las competencias y recursos en manos, hasta ahora, de Administraciones que resultan, todavía, distantes de la ciudadanía, cual son las Autonómicas, reclamando ya una Ley de Régimen Local nueva sin que se olviden de recoger en ella, puntualmente, la hispana tradición políticamente participativa de los ciudadanos (de la que nos debemos sentir los españoles orgullosos) ya que, no en vano, en nuestro territorio,  se acuñaron, por primera vez, los conceptos de Ayuntamiento y concejal pues,  antepasados nuestros, reunidos en los célebres Concejos medievales, mucho antes que el resto de los europeos, aprobando leyes y normativas, supieron defender, democráticamente, su bienestar y derechos frente a reyes y tiranos en favor de sus comunidades y ciudades.

Cuarenta años de dictadura y varios siglos de monárquicos absolutismos, es posible que hayan propiciado el debilitamiento de los principios participativos en la sociedad española pero, por suerte, ya tenemos una generación entera nacida en democracia y acostumbrada, por tanto, a tomar decisiones en movimientos asociativos, cada vez, más frecuentes de apreciar en el panorama cívico español, que no permiten que nadie les gobierne o les imponga arbitrariedades de ninguna clase, en un magnífico espíritu de solidaridad y desprendimiento, al sacrificarse por el bienestar común, sin percepción alguna de compensación económica. Es menester, pues, que el panorama social español y su tejido asociativo, encuentre muchos  enamorados de la idea de devolver a los españoles el control de las municipalidades y su gasto público, a través de un potenciado movimiento asociativo  vecinal, que debe encontrar cauce y acomodo, por derecho propio, en el desarrollo de las leyes que faltan por implantar en España y para que la Constitución la podamos asumir todos como nuestra definitivamente, comulgando con los principios democráticos.